Caricatura del presidente colombiano Iván Duque.
Este martes 20 de julio, Colombia está bajo alta tensión. En este Día de la Independencia, que también marca la apertura de una nueva sesión legislativa, están previstas grandes manifestaciones en todo el país. Más de 8.000 policías y militares han sido desplegados en la capital, Bogotá, para "contener" un amplio movimiento social que el presidente Iván Duque sigue criminalizando con la difusión de información falsa.
EXCLUSIVO. En Francia, el movimiento Nuit Debout de 2016 fue fomentado por los servicios secretos rusos, por orden de Vladimir Putin, para desestabilizar la política francesa y permitir la elección de Emmanuel Macron. Y la rebelión de los Chalecos Amarillos fue pilotado y financiado por Cuba, con la complicidad de Jean-Luc Mélenchon (el líder de la posición de izquierda) y el apoyo logístico de grupos disidentes del exFLNC (Frente de Liberación Nacional de Córcega) y de las ramas francesas de Al-Qaeda y de Extinction Rebellion.
¿Tonterías, chorradas, noticias falsas? Por supuesto. En Francia, ni el más conspiranoico de los conspiranoicos llegaría a dar crédito a esas frívolas teorías. En Colombia, sin embargo, el presidente Iván Duque lleva tres meses utilizando ese registro con notable coherencia para desacreditar el enorme movimiento de protesta social (Paro nacional) que se ha ido formando desde el 28 de abril. Los manifestantes serían necesariamente instrumentalizados desde Venezuela, con la ayuda de la oposición colombiana y de "grupos criminales" vinculados a la guerrilla de las exFARC y al narcotráfico.
En un país donde, en treinta años, entre 1980 y 2010, seis millones de personas han sido "desplazadas" de las tierras que les fueron arrebatadas (para mayor beneficio de unas multinacionales, ayudadas por los grupos paramilitares y a veces por el ejército, ver AQUÍ), el "trabajo informal" (pequeños empleos no declarados y sin derechos) sigue siendo el único medio de subsistencia para cientos de miles de familias. A la crisis sanitaria vinculada a Covid se suma una importante crisis social en Colombia: una gran parte de la población apenas puede comer. 21 millones de colombianos viven en la pobreza, y más de 7 millones en la pobreza extrema. Es en este contexto, ya de por sí difícil, en el que el presidente colombiano de extrema derecha, Iván Duque, quiso introducir una reforma tributaria que habría contribuido a un aumento considerable del precio de ciertos bienes básicos.
Mientras su país se hunde en la pobreza, el presidente colombiano Iván Duque intenta criminalizar
el movimiento social, calificándolo de "vandalismo terrorista". Fotomontaje: Revolución Pensante.
Este proyecto de reforma fue la gota que colmó el vaso del descontento. El 28 de abril, bajo la bandera del Paro nacional, las calles de Bogotá, Cali y todas las ciudades del país fueron testigos de enormes manifestaciones. Y a diferencia de los movimientos de huelga anteriores, la protesta no se calmó en los días siguientes. Muy pronto, el 2 de mayo, por orden implícita del ex presidente Álvaro Uribe (en arresto domiciliario por corrupción), la policía antidisturbios (ESMAD) reprimió con una violencia sin precedentes (una quincena de muertos sólo en la ciudad de Cali, "capital de la resistencia") un movimiento social que el actual presidente Iván Duque calificó inmediatamente de "vandalismo terrorista".
La retirada precipitada de la reforma impugnada y la dimisión del ministro responsable de la misma no fueron suficientes para desactivar la protesta. Y al intentar aterrorizar a la población desatando la violencia policial, Iván Duque ha producido el efecto contrario. Hay que decir que esta política de terror fue muy utilizada por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 para mantener un régimen de miedo y ahogar cualquier voluntad reivindicativa (asesinatos de líderes sociales, indígenas y ambientales), pero se aplicó lejos de la vista, en regiones remotas cuyos recursos mineros despertaban el apetito de las multinacionales, con gran disgusto de las comunidades indígenas que llevan más de 70 años luchando por el derecho a la tierra. Desplegada ahora en zonas urbanas, a la vista de todos, abundantemente filmada y difundida en las redes sociales, la violencia policial, con una brutalidad tomada de las técnicas de la "guerra de guerrillas", no ha hecho más que acentuar la cólera de la población, en particular de los jóvenes privados de futuro, que ya no tienen nada que perder.
Mural en Cali. Foto: DR.
¿Qué pide esta población, esta juventud, que es tan extravagante? Un mínimo de justicia social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un futuro digno de ese nombre, y el fin de la corrupción que socava la economía de un país con recursos considerables. En los tres meses transcurridos desde el inicio del movimiento social, el gobierno de Iván Duque no ha cedido en nada, ni siquiera ha propuesto alguna vía seria de negociación con el Comité Nacional de Paro. Peor aún: el presidente colombiano aprovechó la suspensión de los bloqueos de carreteras, decidida por este mismo comité de huelga, para anunciar una nueva ley antidisturbios, que permitirá endurecer aún más la represión de las manifestaciones, desafiando las conclusiones -contundentes- y recomendaciones de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta ley represiva será examinada por el Parlamento colombiano a partir del 20 de julio, al mismo tiempo que una nueva versión de la reforma fiscal rechazada hace tres meses. Si el presidente Iván Duque quería echar leña al fuego ya hirviente, no lo haría de otra manera.
Este martes 20 de julio comienza una nueva sesión legislativa en Colombia, la última del mandato de Iván Duque antes de las próximas elecciones presidenciales (en 2022). En esta ocasión, la Presidencia del Congreso debería recaer en una joven parlamentaria del partido de Álvaro Uribe: Jennifer Arias que, entre otras hazañas de armas, reclutó a pilotos vinculados al narcotráfico para la última campaña de Uribe y Duque. (Ver AQUÍ) Buena ambiente...
La artillería de la desinformación
Por último, el 20 de julio es también el Día de la Independencia en Colombia. Este año, sin embargo, se han cancelado los tradicionales desfiles militares. Sólo se mantendrá un acto simbólico, difundido en las redes sociales desde la Escuela Militar José María Córdova. ¡Qué símbolo! El ejército y la policía se desplegarán masivamente en las principales ciudades del país, principalmente en Bogotá y Cali, para "contener" las manifestaciones, que se prevén excepcionalmente grandes.
"No permitiremos que la criminalidad atente contra la democracia", declaró el ministro de Defensa, Diego Molano, en tono marcial: "Nuestra policía dispondrá de todos los medios necesarios para capturar y perseguir a los responsables de actos que afecten al patrimonio público y privado del país". En la capital, Bogotá, se desplegarán más de 6.000 policías y 2.800 soldados.
Mingas indígenas caminando a la Asamblea Nacional Popular, 18 de julio en Cali.
Desde el viernes por la noche, Cali está completamente sellada: a los autobuses que transportaban a las comunidades indígenas y a las delegaciones de las asociaciones de derechos humanos se les negó el acceso a la Asamblea Nacional Popular, que se celebraba el domingo 18 de julio en la Universidad del Valle.
Y en un ejercicio que le encanta, el gobierno de Iván Duque, con la ayuda de ciertos medios de comunicación progubernamentales, ya ha sacado la artillería de la desinformación, continuando con la idea de un "complot" orquestado por Venezuela con grupos guerrilleros y narcotraficantes...
El jueves pasado, el general Jorge Luis Vargas (en la foto), jefe de la policía nacional colombiana, dijo que tenía "pruebas claras" de que la guerrilla estaba planeando "actos de terrorismo" durante las próximas manifestaciones antigubernamentales. Por su parte, el general Eliecer Camacho, jefe de la policía de Bogotá, afirmó, “según datos aportados por inteligencia", que grupos de jóvenes de la "Primera Línea" estaban realizando ejercicios de tiro y habían secuestrado a comerciantes para financiarse. Entre otras acusaciones, se dice que los dirigentes del ELN (Ejército de Liberación Nacional, considerado el último grupo guerrillero de Colombia y que, según observadores independientes, sólo cuenta con 2.300 combatientes repartidos por todo el país) se reunieron el pasado jueves para planificar acciones terroristas durante las manifestaciones del 20 de julio. La policía afirma incluso saber quién es el actor principal de esta trama: "un individuo identificado bajo el seudónimo de J.J." (¡admiramos la precisión!). Bueno, varía. Según otras fuentes, fue un tal "Marcos Pacífico" (otro seudónimo, nunca antes aparecido) quien coordinó una entrega de armas a los grupos de Primera Línea en Cali, y quien también les dio la suma principesca de 400 millones de pesos (unos 90.000 euros), a partir del 28 de abril, para "alimentar el vandalismo". Otro día, se informó de la detención de un supuesto cuadro del ELN, "Fabián", ya que la policía encontró convenientemente sobre el "instrucciones del mando central del ELN para influir en los actos de vandalismo en algunas ciudades colombianas".
Sin embargo, como escribe el periodista independiente Adriaan Alsema, editor del excelente sitio web Colombia Reports, "ni el presidente Duque, ni su ministro de defensa, ni el jefe de la policía, han aportado nunca la más mínima prueba tangible que pudiera respaldar sus teorías conspirativas". Pero es así, al amparo de afirmaciones espurias que le permiten criminalizar al movimiento social, que Iván Duque justifica la violencia policial que ya ha dejado más de 80 muertos y muchas víctimas. ¿Es el "vandalismo terrorista" una amenaza para la democracia? ¿Qué democracia? Al negarse a cualquier forma de negociación, al no tener más que desprecio por las más elementales demandas de justicia social, el presidente colombiano es el primero en violar las reglas de un Estado de Derecho, el primero en despreciar la democracia. ¿Para proteger los intereses de quién? En Colombia, la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 despertó enormes esperanzas..., excepto entre las multinacionales que llevan décadas saqueando el país, con la ayuda de una clase política corrupta, y que temían perder algunas de sus "prerrogativas".
Coronel Publio Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa, ahora acusado de asesinar a 127 civiles falsamente etiquetados como "terroristas" entre 2002 y 2005.
Por instrucciones del expresidente Álvaro Uribe, que nunca digirió la firma del acuerdo de paz en 2016 (bajo la presidencia de su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos), el gobierno de Iván Duque ha seguido obstaculizando su contenido: es cierto que cuando era candidato presidencial declaró que quería "romper" pura y simplemente este acuerdo apoyado por la ONU y que permitió el desarme de casi 7.000 guerrilleros de las FARC. Duque quiso modificar algunos de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es fácil entender por qué. Los primeros casos investigados por este tribunal socavan la fábula mantenida por Álvaro Uribe de una guerra librada por el Estado contra los "terroristas" de la guerrilla. El 6 de julio, 11 soldados, entre ellos un general, fueron acusados del asesinato y la desaparición de al menos 120 civiles en el Catatumbo. La última investigación concluyó el jueves 15 de julio con la acusación de otros 15 soldados del batallón de La Popa por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Estos soldados fueron declarados culpables de haber ejecutado a 127 personas entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira, en el norte del país. Los asesinados no eran guerrilleros, sino civiles inocentes, en su mayoría miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, calificadas de "falsos positivos". Entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Uribe, hubo 6.402 víctimas de la misma política asesina, según un dictamen de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El conocimiento de estos hechos no es nuevo: en enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA publicado por el National Security Archive (organización estadounidense sin ánimo de lucro fundada en 1985 que publica en Internet documentos desclasificados de la CIA obtenidos en virtud de la Ley de Libertad de Información) reveló que los vínculos entre el ejército y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno estadounidense ya en 1994 y que el tema de los "falsos positivos" era una práctica habitual dentro del ejército colombiano. Como escribe el excelente sitio web de la revista Cerosetenta, afiliada a la Universidad de los Andes y dirigida por un equipo de jóvenes periodistas, cada vez es más difícil sostener que estos crímenes fueron obra de unas pocas "ovejas negras" dentro del ejército, sino que "respondían a una política nacional cuyos responsables estaban en los más altos niveles militares y civiles". Así lo confirmó en una declaración a la prensa Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz: " En estas unidades militares estaban enquistados aparatos organizados de poder, políticas que fueron ejecutadas y por consiguiente no corresponden simplemente a manzanas podridas, sino a una organización que permitió la fuerza pública en su interior".
Yeisi Campos, presidenta de un consejo comunitario en la región del Cauca, asesinada a mediados de julio.
Iván Duque, el ultimo representante del uribismo, es el heredero directo de este sistema criminal. Por eso no es de extrañar que, bajo su presidencia, desde 2018, con el acuerdo de paz cuestionado de fondo, los asesinatos de civiles, líderes sociales o ambientales, y activistas de la causa indígena, se hayan reanudado con más fuerza. Un informe de la ONG Somos Defensores, publicado en 2020, da una idea de la magnitud de la violencia contra los activistas y defensores de los derechos humanos. En 2010, se registraron 174 casos de agresiones contra líderes sociales, incluidos 32 asesinatos. Diez años después, bajo el mandato del presidente Duque, se registraron 844 casos de violencia sólo en 2020, incluidos 124 asesinatos. Y el año en curso parece que va a superar este siniestro récord. El último asesinato ha sido el de Yeisi Campos, de 37 años, lideresa del Consejo Comunitario de La Fortaleza, ubicado en el municipio de Morales, Cauca, cuyo cuerpo fue encontrado acribillado a balazos el 14 de julio, pocos días después de que se denunciara su desaparición. Es la 93ª víctima que se suma a la lista de "líderes sociales" asesinados desde principios de año. Esto podría llamarse "conspiración", pero aquella no molesta a Iván Duque. Peor aún: a una organización de derechos humanos que reprochaba al Estado colombiano que no hiciera mucho por proteger a los líderes sociales amenazados, Duque respondió con un cinismo atroz que era imposible: "¡son demasiados!", comentó.
"Esta violencia es de carácter sistemático con respecto a los líderes a los que se dirige", escriben el abogado Rodrigo Uprimny-Yepes, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y la abogada Laetitia Braconnier-Moreno, copresidenta de la Comisión de Justicia Transicional de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, en un artículo bien documentado publicado en línea en marzo de 2021: "Existen, pues, similitudes entre sus demandas: Muchos de ellos buscan la aplicación territorial del Acuerdo de Paz, y en particular la sustitución de cultivos ilícitos por otras oportunidades para los campesinos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la formulación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); Otros están implicados en los procedimientos de restitución de tierras expropiadas durante el conflicto; otros denuncian la presencia de actores armados y el reclutamiento de niños y adolescentes en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales, las principales zonas afectadas, con una alta concentración en los departamentos de Cauca y Antioquia. La mayoría de estos líderes tienen una estrecha relación con su territorio, especialmente los que trabajan para garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrocolombianos, y para preservar los recursos naturales". Aunque el artículo de Rodrigo Uprimny-Yepes y Laetitia Braconnier-Moreno se centra en la violencia ejercida contra los líderes sociales, su análisis también se aplica, señalan, "a la terrible violencia ejercida contra los ex guerrilleros de las FARC que se han desmovilizado". Esta violencia es de una escala igualmente inaceptable: más de 240 de ellos fueron asesinados entre la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016) y el final de 2020."
Maritza Isabel Quiroz Leiva, 60 años, asesinada en la Sierra Nevada de Santa Marta, 6 de enero de 2019.
Los "líderes sociales" son a veces simplemente campesinos. La fotoperiodista Emilienne Malfatto, antigua colaboradora de AFP y ganadora del Premio Goncourt de primera novela en 2021 por Que sur toi se lamente le Tigre, publicó recientemente una fascinante investigación (Les Serpents viendront pour toi,éditions des Arènes, junio de 2021) sobre el asesinato de Maritza Isabel Quiroz Leiva, a principios de 2019 en la Sierra Nevada de Santa Marta. "Maritza fue miembro de la mesa de víctimas de la violencia en Santa Marta y lideró el grupo que representaba a las mujeres afrodescendientes desplazadas por la fuerza. Ha recibido amenazas en 2018 y el Tribunal Constitucional ha pedido que se la proteja. En vano, como casi siempre", escribe Elisabeth Schneiter enel sitio webde Reporterre. "Para entender el violento mecanismo que envolvió a Maritza, Emilienne Malfatto fue en busca de los testigos de su vida. Describe la indiferencia de la policía, la indolencia de la administración, la violencia de los paramilitares y los narcotraficantes y la fuerza de quienes, como Maritza, luchan porque siguen creyendo en la posibilidad de la justicia. (...) Poco a poco reconstruye la historia: cómo Maritza y Álvaro, su marido, fueron primero expulsados de su finca por los grupos armados y abandonados, con sus hijos, en lo alto de la Sierra, a una nueva finca aislada donde volvieron a empezar de cero, en un territorio disputado por las Farc y los paramilitares. Fue allí donde Álvaro fue asesinado en junio de 2004, sin que nadie sepa por qué. Maritza tendrá que irse sola con sus hijos, sin nada, como los muchos "desplazados internos" del país. Cuenta que vivían de la caridad y que Maritza consiguió una nueva finca como parte del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las ex-Farc. La finca donde fue asesinada a tiros, quince años después de Álvaro, por sicarios".
Operación antidroga en Tumaco, Colombia, el 30 de diciembre de 2020.
La mayoría de las veces, estos asesinatos de líderes sociales (cuyos autores casi nunca se encuentran) son atribuidos por el gobierno colombiano, sin la menor prueba, a guerrilleros vinculados al narcotráfico, o al menos al tráfico de cocaína. No se puede negar que el narcotráfico sigue siendo una lacra en Colombia, donde algunos cárteles mexicanos están avanzando. Sin embargo, el gobierno está mucho menos dispuesto a perseguir a estos delincuentes que a los supuestos "vándalos" del movimiento de protesta social. La hipocresía es enorme: Colombia recibe una ayuda considerable de Estados Unidos, la Unión Europea y las potencias occidentales (incluida Francia, que proporciona ayuda política y militar al régimen de Iván Duque en virtud de un acuerdo de cooperación) por la razón esencial de la lucha contra las drogas. Aparte de que los vínculos entre el clan Uribe, que maneja los hilos del poder, y el narcotráfico son conocidos desde hace mucho tiempo, las cifras actuales hablan por sí solas. Aunque el presidente Duque afirma estar erradicando los cultivos de coca mediante fumigaciones aéreas con glifosato (que tienen el "mérito" de destruir los ecosistemas en los que viven las comunidades indígenas), bajo su mandato en 2020 los cultivos de coca aumentaron en otras 33.000 hectáreas hasta alcanzar las 245.000.
El plan nacional de sustitución de cultivos de coca, recogido en el acuerdo de paz de 2016, está prácticamente paralizado, "y las miles de familias que lo suscribieron en todo el país están sumidas en la incertidumbre", escribía Pascale Mariani en septiembre de 2018 en un excelente reportaje para France 24 en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela: "Todos los cocaleros querrían cultivar algo distinto a esta planta maldita que solo atrae el conflicto y la violencia. Denuncian el abandono del Estado: estas regiones son vastas zonas sin carreteras, electricidad, escuelas o centros de salud, y están abandonadas a los grupos armados. A menudo la presencia del Estado es sólo militar. Debido a la falta de infraestructuras, otros cultivos alimentarios no son rentables. El coste del transporte de estas cosechas al mercado más cercano, a horas de distancia, suele ser superior al precio de venta.
Así que la industria de la cocaína sigue floreciendo en Colombia, con la bendición de las autoridades. Porque el polvo blanco oculta otra industria mucho más lucrativa, la de los minerales en los que abunda el país. Veamos: 245.000 hectáreas es casi nada comparado con los 6,6 millones de hectáreas que han sido robadas en 30 años a sus propietarios, campesinos o comunidades indígenas. Este escándalo, origen de una deforestación masiva y, por tanto, responsable en parte del calentamiento global, y sobre el que Europa acaba de llorar lágrimas de cocodrilo tras las devastadoras inundaciones en Alemania y Bélgica, no es algo de lo que hable mucha gente, aparte de las comunidades indígenas y algunas ONG, como la que acaba de llevar al Grupo Casino a los tribunales en Francia...
En una batalla de armas desiguales, las comunidades indígenas están en la "primera línea" contra el ecocidio que se está perpetrando en Colombia. El gobierno colombiano cuenta con el firme apoyo de países como Francia por considerar que lucha contra el calentamiento global y preserva la biodiversidad. Una noticia falsa más. Esta simpática fábula para ositos despreocupados acaba de ser expuesta por un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Science. Los 12 científicos coautores del estudio afirman que "las decisiones del gobierno colombiano y el incumplimiento del acuerdo de paz están poniendo en peligro importantes ecosistemas". En particular, señalan la negativa del actual gobierno colombiano a ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, que aborda los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones actuales y futuras.
"¿Un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones actuales y futuras?” Evidentemente, esto es demasiado pedir a la camarilla corrupta y criminal que ostenta el poder en Colombia con el apoyo inquebrantable de las potencias occidentales. El "conflicto armado", que ha causado la muerte de 266.000 personas y ha provocado casi 8 millones de víctimas, sólo ha durado tanto (¡siete décadas!) porque a esas mismas potencias occidentales les interesaba expoliar impunemente un país que es el segundo más biodiverso del planeta. Pero a principios del siglo XXI, algo ha cambiado, como atestigua el actual movimiento de protesta social y la implicación especialmente fuerte de los jóvenes. Como escribe la asociación CCFD-Terre solidaire: "la excusa del conflicto armado ya no es tolerada por los jóvenes que rechazan este clima de miedo y violencia. Quieren reformas profundas que garanticen el ejercicio de la movilización democrática, el mantenimiento de la paz y la protección de los líderes sociales y de los defensores del medio ambiente, que siempre están en el punto de mira en las zonas rurales."
¿Quién es este frente / Primera Línea que, desde el primer día, se enfrenta a las fuerzas represivas del gobierno colombiano y que, desde los "puntos de resistencia" que han instalado, resiste a los Robocops de la policía antidisturbios, con escudos improvisados de madera o latas viejas? No es de extrañar que Iván Duque los califique ahora de "grupos criminales".
Incluso la muy uribista Caracol TV se hace eco de las demandas de estos jóvenes resistentes: "Queremos cambios en la educación, la salud, el transporte". En la página web de la excelente revista mensual La Marea aparece un artículo especialmente detallado: "Lejos de desaparecer, la conflictividad social se ha trasladado a los lugares donde más fuerza ha adquirido: los barrios obreros. Aquí es donde viven la mayoría de los jóvenes que se han resistido a los abusos policiales”. El artículo cita a una joven manifestante, Simona, que se unió a un grupo de la línea Premiera "porque veía en ellos una chispa de esperanza, de dignidad, de creer que se puede construir un país mejor”. "La protección a la vida y el respeto por los derechos humanos son los valores que defienden. Fue la defensa de esas consignas con las que se ganaron el apoyo de sus comunidades, que ahora los reconoce como actores importantes", añade el artículo de Marea, que también cita a la politóloga Sofía Rico Tovar: " Su principal demanda [de los jóvenes de Primera Línea] es trabajo, educación, oportunidades, es todo lo que piden y por eso los están matando, los criminalizan y los están persiguiendo. Pero lo que vemos es que son muchachos que tienen muchos ideales (…) La gran mayoría son personas que no encontraron ningún espacio para desarrollarse socialmente. Si bien algunos tienen formación universitaria, otros no y la gran mayoría no tienen oportunidades laborales, son personas totalmente invisibles para la sociedad. (...) Antes de ser primeras líneas, eran invisibles. Ahora sus comunidades los respaldan, los quieren, los ayudan. Eso es tan importante. Sentir ese reconocimiento cuando llevas años siendo transparente”.
¿Y si este fuera el movimiento social que ha sacudido a Colombia durante casi tres meses? Una revolución de los Invisibles, de todos aquellos, comunidades indígenas, jóvenes de barrios populares, que han sido estigmatizados y discriminados durante años, condenados al ostracismo de la sociedad bajo las etiquetas de terrorismo, vandalismo, delincuencia y criminalidad, la misma logorrea que sigue propagando el presidente Iván Duque. El Paro Nacional reunió en un solo gesto de rechazo (basta ya) a estos Invisibles que se ignoraban y a veces se odiaban. Incluso los movimientos feminista y LGBT se encuentran incluidos, a veces incluso en primera fila, en un movimiento que ha tomado conciencia del patriarcado poscolonial que mantenía a todo un país bajo un yugo. "Somos más" fue uno de los primeros lemas del movimiento de protesta.
No se sabe cuántos cartuchos tiene todavía la policía de este gobierno criminal y corrupto en sus cuarteles. Por otro lado, está la poesía combativa de un pueblo que se despierta como tal, en su multitud y diversidad. Y, como escribió Gabriel Celaya, "la poesía es un arma con futuro".
Jean-Marc Adolphe, 20 de julio de 2021.